11 /12/08 -MADRID- LA RAZÓN. Los 2.200 centros concertados católicos que escolarizan a 1.400.000 alumnos en toda España se encuentran en una situación «desesperada» y de «urgente necesidad».
Las políticas educativas del Gobierno «nos están llevando a una situación de ahogo», lamentó ayer Manuel de Castro, secretario general de las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG).
La situación «es angustiosa en el Bachillerato», añadió, ya que la falta de concierto de esta etapa educativa (salvo en Valencia, País Vasco, Navarra y Baleares) está obligando a muchos padres empujados por la actual coyuntura económica a optar por la enseñanza pública ante la imposibilidad de que sus hijos puedan continuar sus estudios en el mismo centro por problemas económicos. Así, se ha dado el caso de que en Ceuta y Melilla se han cerrado unidades de Bachillerato por falta de alumnos y en La Rioja ha habido que reagrupar a estudiantes, denunció ayer el responsable de la FERE.
A esta circunstancia se une la precariedad económica que vienen soportando los centros desde hace años, que acumulan un déficit medio de 120.000 euros cada uno de ellos con lo que «es más complicado alcanzar las cuotas de calidad deseadas por las restricciones económicas», añadió De Castro. Así, «el déficit de la Administración lo tienen que suplir los centros con sus propios recursos o las aportaciones de los padres», detalló Luis Centeno, director del Departamento jurídico de FERE.
La concertada católica no se anduvo ayer con tapujos a la hora de hacer un análisis crítico de los dos años de aplicación de la LOE y puso sobre la mesa una larga lista de «injustificables y dolorosas» discriminaciones que, a su juicio, sufren los alumnos y el profesorado de la concertada.
Así, «el acceso a programas de bilingüismo y su financiación se dirige sólo a los centros públicos y aquellos que han podido acceder lo han conseguido con restricciones y financiación inferior a los estatales». Éstos también se benefician, a diferencia de los concertados, de recursos materiales como ordenadores o pizarras digitales, así como de profesores de refuerzo y formación, salvo en comunidades como Aragón. Un caso «sangrante» de discriminación, dice la escuela católica, se observa en el transporte escolar. «Este servicio, vital en zonas rurales, sólo está previsto para alumnos de centros públicos. Aun teniendo el autocar plazas libres y aunque pase por delante de los hogares y de los colegios de los alumnos concertados, no se les permite el acceso, ni siquiera pagando el coste del servicio».
Un Observatorio. El tipo de centro también influye a la hora de recibir becas de comedor. A igual nivel de renta de unos padres, tiene más probabilidades de recibirla el alumno que estudia en un centro público. Las administraciones educativas «excluyen» de las dotaciones para crear bibliotecas escolares a los centros concertados, apuntó entre su larga lista de quejas. «No existen o se limitan» las ayudas para la construcción o reforma de los colegios concertados y los salarios de sus profesores «son inferiores».
Por todo esto las escuelas católicas prevén crear un observatorio para la no discriminación del alumnado.
